Recogida de papel, cartón y resiudos industriales en la comunidad Valenciana

El pleno del Consell ha aprobado el decreto de modificación del PIRCV, en el cual, se fundamenta una nueva planificación autonómica de residuos completamente basada en los principios de la Economía Circular que contempla las políticas orientadas al «residuo cero».

 

El nuevo Plan está asociado a la transición hacia un nuevo modelo de gestión de residuos, apostando por la prevención en la generación, reducción en origen, preparación para la reutilización y reciclado de calidad. Por tanto, abandona definitivamente la perspectiva de macroplantas o macrovertederos en la Comunidad Valenciana.

 

En este marco, se impulsa la recogida selectiva, tanto en el ámbito municipal como en centros públicos y privados de toda índole con el objetivo de maximizar su rendimiento y no superar el máximo de un 10% destinado a vertedero que marcan las directivas a futuro.

 

El PIRCV (Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana), surge de la necesidad de evitar que las políticas territoriales en materia de residuos queden obsoletas.

 

Por eso mismo, para que no queden obsoletas, el Consell ha decidido modificar el Decreto 81/2013 que aprobaba dicho plan, teniendo en cuenta lo dispuesto en recientes Directivas europeas: la Economía Circular de 2018 y la Directiva de plásticos de un solo uso.

 

Aun siendo una modificación y adaptación de un decreto, formal y prácticamente se ha realizado una tramitación de decreto nuevo, dado el carácter normativo y de plan de acción territorial de obligado cumplimiento en la Comunitat Valenciana.

 

Entre otras innovaciones incorporados por el nuevo PIRCV, destacamos la apuesta por sistemas de pago por generación, a través de nuevos sistemas de recogida, como el «puerta a puerta» adaptado al municipio o equivalente decidido por la entidad local.

 

Indicar ratios mínimas de educadores ambientales por municipio que trabajen diariamente con la ciudadanía en la prevención, reutilización y reciclaje de calidad; y obligando a que todos los elementos de un solo uso fabricados con plásticos sean, como mínimo, real y efectivamente reciclables.

 

Y, por último, las bonificaciones de las tasas de gestión de residuos a las familias reconocidas oficialmente en riesgo de exclusión social, así como el estímulo a la colaboración con empresas de inserción social para la gestión de algunos tipos de residuos, como textiles, enseres o RAEES.